Amigos de Badajoz

Acerca de la Asociación autodenominada “Amigos” de Badajoz, es curiosa su concepción del Derecho y su forma de acatar las decisiones judiciales. Vaya por delante primero una serie de conceptos que a ciertos miembros parece escapársele cuando hablan con la prensa sobre este tema:

1. Nadie dudó (ni duda hoy) de que las obras para la construcción del “cubo” de Biblioteconomía fue desacertada y faltó a las reglas establecidas en el funcionamiento de la ordenación urbana para las entidades locales.

2. Nadie dudó (ni duda hoy) de que el “cubo” sea ‘feo’, o ‘inapropiado’, o cualquier otro adjetivo subjetivo que cualquiera estime oportuno para referirse a la construcción en la Alcazaba.

3. Nadie dudó (ni duda hoy) de que el crecimiento económico y urbano de la ciudad de Badajoz debería hacerse con respeto a nuestro patrimonio histórico.

4. Como asociación (agrupación de individuos), ni ellos ni ningún otro grupito de amiguetes son nadie para afirmar que “resulta imposible legalmente construir un nuevo edificio «altamente impactante» en el interior de un Monumento Nacional y Bien de Interés Cultural” - para eso están los jueces, y el TSJEx ha dicho claramente que sí es legal construir a día de hoy ese mismo “cubo” en ese mismo lugar de acuerdo con la planeamiento urbano vigente. Tendremos que suponer que, más que una afirmación de lo que es o no legal, para la que no tienen ninguna legitimación, el grupo de amigos se refería a que ellos consideran que no debería ser legal, afirmación completamente distinta pero que para ellos parece ser la misma.

5. Parece mentira que aquellos que se autodenominan “amigos de Badajoz”, ante la aseveración de la máxima autoridad judicial en el tema, el TSJEx, de que va contra toda lógica derribar el “cubo” por el coste para los pacenses y la región, y ante la posibilidad actual de construir el mismo edificio en ese mismo lugar, sean capaces de afirmar, sólo porque dicha decisión va contra sus intereses personales, y después de haber alabado a todos los jueces que les han dado la razón anteriormente, de acusar al órgano judicial que sea de pretender “satisfacer los intereses de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento”, dando a entender que se da un caso de prevaricación, acusación grave donde las haya y constitutiva de delito. Es vergonzoso y triste al mismo tiempo que puedan hacerse ese tipo de declaraciones calumniosas - que no corresponden ni al nivel de una una charla de bar con la familia - en los periódicos de mayor tirada regional y quedar tan panchos.

En cualquier caso, y obviando el mal gusto de la asociación y de su presidente, Antonio Manzano, a la hora de acatar o no acatar las decisiones judiciales según les convenga, deberían al menos tener la decencia de leérselas al completo (o su resumen al menos), para darse cuenta de que a quienes trata de beneficiar la resolución judicial que tanto les molesta es a los pacenses y a los extremeños en general, a las personas, que serían quienes tendríamos que pagar el pato de la mala administración, y no “la Junta” ni “el Ayuntamiento”, como ellos afirman de forma tan simplista y conspiranoica. Ya puestos a hablar de influencias de la política en el Poder Judicial y acusar falsamente a los demás de delitos, podrían hablar de amiguismos entre “Fulanito” del Tribunal y “Menganito” del Ayuntamiento…

Las sentencias a las que tan ciegamente se aferran sus miembros hoy (que declaran la falta de juridicidad de la obra) requieren de una ejecución - como bien sabían y pedían en los periódicos y a quien pudiera escucharles o leerles una y otra vez - cuyo plan ha de ser establecido por la Administración conforme a unos criterios que no se limitan sólo - como parece creer la Asociación - a la estética de la Alcazaba tal y como ellos la entienden. Como bien ha establecido el TSJEx con este auto, no es lógico hacer los gastos necesarios para derribar una construcción de elevado coste como ésta, siendo hoy en día legal llevarla a cabo de acuerdo con las normas urbanísticas vigentes (normas que ya estaban siendo elaboradas en el momento de la construcción del “cubo”), y dados todos los condicionantes sociales y perjuicios económicos evidentes de dicha actuación - evidentes, al menos, para cualquiera con dos dedos de frente, y que sea capaz de dejar por un momento de mirar piedras para ver a las personas que en ellas - o a su alrededor - habitan.

La Asociación de Amigos de Badajoz - asociación formada por unos cuantos individuos sin más ni menos derechos que el resto de residentes en la ciudad - a pesar de haber exigido durante meses el “cumplimiento de las decisiones judiciales” - la ejecución del derribo en este caso, contra la opinión de buena parte de sus conciudadanos, que entendían (como lo hace el TSJEx) que dictar la falta de juridicidad no ha de implicar causar más perjuicios ejecutando el derribo - mostró sin embargo en este caso y de forma apresurada su “decepción por la nueva resolución judicial”, confiando “en que el Tribunal Supremo les dé nuevamente la razón”, dando a entender que su criterio ante las resoluciones judiciales es, más o menos, el siguiente: “si me dan la razón hay que cumplir las sentencias; si no me la dan, pues no”.

Y es que el detalle fundamental de nuestro sistema judicial que parecen no haber entendido aquellos que aconsejan jurídicamente a estos grandes “amigos” de nuestra ciudad, es que el recurso de casación ante el Tribunal Supremo, como el propio Alto Tribunal ha repetido hasta la saciedad, no es una forma de interponer un nuevo recurso sobre el fondo del asunto contra una decisión de otro tribunal, sino que se trata, como bien dice la palabra, de “casar” las decisiones que puedan ser contradictorias. En este sentido, hay dos motivos claramente establecidos por los que plantearlo:

1. Como recurso extraordinario, por motivo de infracción procesal del TSJEx en este caso.

2. Para la unificación de la interpretación de las leyes.

No hace falta ser jurista para entender que el deseo de que el Tribunal Supremo dictamine a favor de la Asociación no viene de un interés legal en uno de estos dos aspectos, sino de la creencia errónea por parte de los “amigos” de que el fondo del asunto ha de estudiarlo el Tribunal Supremo, ya que, según sus propias palabras, “Estamos convencidos que cuando el Supremo vea lo que ha fallado el TSJEx se llevará las manos a la cabeza, pues (el Supremo) fue muy claro al respecto dejando entrever claramente el perjuicio que había causado al patrimonio de la ciudad”. Más allá del hecho absurdo e infantil de que cuatro amiguetes puedan dar su opinión de una forma tan alegre ante la prensa sobre lo que piensan los magistrados del Tribunal Supremo, y ante qué resoluciones “se llevará las manos a la cabeza” - será que se van de cañitas a escondidas con ellos -, volvemos a uno de los temas de confusión más frecuentes en esta sociedad de amigos: el hecho de estar de acuerdo con el perjuicio que el “cubo” ha causado al patrimonio no es estar de acuerdo con las exigencias de cuatro radicales y medio de que se derribe, con un coste importante, una construcción que ya de por sí costó lo suyo; más aún, incluso el hecho mismo de que algunos magistrados del TS pudieran estar de acuerdo con esos cuatro radicales y su deseo ferviente de despilfarrar millones de euros del contribuyente, al pretender que una ciudad entera soporte más perjuicios económicos de los que debe, no implicaría tampoco que el Tribunal Supremo estuviera en la posición legal de casar esta sentencia sólo por estar en desacuerdo con el fondo del asunto. Es el auto del TSJEx es la que decide sobre el fondo, el último, y está motivado y su exposición de razones es consecuente con la legalidad vigente y con la necesidad de aplicar las leyes: o al menos ninguno de los “amigos” ha dicho aún qué infracción procesal se ha producido o qué otra resolución es contradictoria, será que los motivos jurídicos son lo de menos aquí, y ya sólo importa ganar por cojones…

Desde aquí invitamos a los amiguetes que forman la citada pandilla de radicales autodenominados “amigos” a que, lejos de tomar esta senda de intentar revisar el fondo de la resolución por cualquier vía que les parezca, se detengan un momento a contemplar la legislación vigente, y tengan a bien reflexionar y aceptar que, si bien todos estamos de acuerdo con ellos y con las sentencias precedentes en la falta de acierto de la construcción del “cubo”, la ejecución de este derribo es demasiado gravosa para todos nosotros y por lo tanto ningún tribunal - y menos aún uno que no tiene la legitimación para ello como el TS - debería aceptar que los ciudadanos soportemos los perjuicios que ello nos causaría, y menos aún si se trata de una cuestión de orgullo de quien/es no sabe/n perder.

Buscar una resolución a toda costa, incluso a costa de la legalidad vigente, intentando que el TS “pique” el anzuelo a ver si cambia el fondo de la sentencia por cualquier medio, es poco menos que vil y rastrero, e impropio (más aún) de gente autodenominada “amigos de”: dedíquense a dar visitas guiadas por Elvas y Juromenha, o por el Casco Antiguo, o por Olivenza, y dejen nuestra ciudad (y nuestros bolsillos) en paz de una puñetera vez, que 7 años aguantando pamplinas y delirios de grandeza y desviando la atención de los verdaderos problemas del Casco Antiguo ya están bien.